La Ciudad Autónoma de Buenos Aires era, posiblemente, la única que no contaba con un organismo que reglamente, controle y represente legalmente al Corredor Inmobiliario, siendo de importancia fundamental para garantizar los derechos y obligaciones de la sociedad que utiliza sus servicios, así como también de aquellas personas que lo brindan; ya que contando con un Colegio que agrupe y represente a los profesionales, se garantizaría un correcto funcionamiento y control de los colegiados, que deberán acreditar la matrícula respectiva para poder intermediar en operaciones inmobiliarias.